Transparencia sin uniformidad: el TC redefine hasta dónde llega el deber de declarar patrimonio
La transparencia pública suele presentarse como un principio de aplicación uniforme: si una entidad pertenece al Estado, sus funcionarios deben someterse a los mismos controles que el resto de la Administración. La sentencia TC/0855/26, publicada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2026, obliga a matizar esa intuición. El caso enfrenta dos exigencias constitucionales que, lejos de excluirse, deben coexistir: de un lado, la prevención de la corrupción y el control patrimonial de quienes gestionan estructuras con capital estatal; del otro, el régimen especial de las entidades públicas de intermediación financiera y la igualdad competitiva que la Constitución reconoce a la actividad empresarial pública y privada. La controversia nació de una acción directa de inconstitucionalidad contra varios numerales del artículo 2 y contra el artículo 21 de la Ley núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio. Entre los sujetos incluidos por la ley figuran administradores y g...