El nuevo Código Penal ya está en el Tribunal Constitucional: la reforma entra en su segunda etapa
El nuevo Código Penal dominicano todavía no ha terminado de asentarse y ya se encuentra sometido a una prueba decisiva: la del control de constitucionalidad. La discusión ya no gira solamente en torno a si el país necesitaba sustituir una legislación penal decimonónica —algo difícilmente discutible—, sino en torno a una cuestión más exigente: si las nuevas figuras, restricciones y técnicas de imputación aprobadas por el legislador respetan los límites que la Constitución impone al poder punitivo del Estado. Ese tránsito es importante porque toda gran reforma penal tiene dos momentos. El primero es político y legislativo: el Congreso define qué conductas deben ser castigadas, con qué intensidad y bajo qué categorías. El segundo es constitucional: corresponde verificar que esas decisiones no sacrifiquen desproporcionadamente derechos fundamentales, no introduzcan tipos penales ambiguos y no permitan que el poder sancionador se expanda más allá de lo que admite un Estado social y democrá...
