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Control difuso o legislación judicial: la frontera que el TC dejó abierta en materia electoral

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Control difuso o legislación judicial: la frontera que el TC dejó abierta en materia electoral La Sentencia TC/0746/26, dictada el 11 de agosto de 2026, merece una lectura que vaya más allá de la disputa entre partidos por el financiamiento público y el orden en la boleta electoral. El verdadero interés constitucional del caso está en otra parte: en determinar hasta dónde puede llegar un tribunal cuando interpreta una ley para hacerla compatible con la Constitución sin sustituir al legislador ni invadir el espacio reservado al control concentrado de constitucionalidad. El conflicto nació con la Sentencia TSE/0010/2025. Allí, el Tribunal Superior Electoral examinó las resoluciones núms. 7-2025 y 8-2025 de la Junta Central Electoral, relativas a la categorización de las organizaciones políticas, la distribución del financiamiento público y el orden numérico en la boleta electoral. El TSE entendió que el artículo 61 de la Ley núm. 33-18 no podía ser aplicado de manera que la fuerza e...
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Sin identidad no hay ciudadanía: el amparo frente a la suspensión registral y la cédula retenida

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La identidad jurídica suele tratarse como un asunto administrativo: un acta, una cédula, un registro. Pero en términos constitucionales es mucho más que eso. Quien queda privado de sus documentos de identidad no pierde únicamente una tarjeta; puede quedar impedido de votar, contratar, viajar, acceder a servicios, acreditar vínculos familiares o ejercer derechos frente al Estado. Por eso, cuando la Administración suspende un registro civil o retiene documentos durante una investigación, la pregunta jurídica no puede reducirse a si existe una irregularidad registral. También hay que preguntarse cuánto tiempo puede mantenerse esa situación, qué garantías deben rodearla y qué juez está llamado a intervenir. Dos decisiones recientes permiten observar esa tensión desde ángulos distintos. Por un lado, la sentencia TC/0531/26, dictada el 10 de julio de 2026, confirmó la tutela otorgada a una persona cuyos documentos de identidad habían sido retenidos sin que existiera un proceso penal que ...
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¿Debe desaparecer un partido por no alcanzar el 1 %? El TSE ante una prueba de pluralismo y legalidad electoral

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El sistema de partidos dominicano está entrando en una discusión que parece técnica, pero que en realidad toca una de las preguntas más delicadas de toda democracia constitucional: ¿hasta dónde puede el Estado exigir representatividad electoral sin convertir ese requisito en una barrera desproporcionada para el pluralismo político? El debate ha adquirido actualidad porque el Tribunal Superior Electoral conoce una demanda en nulidad de personería jurídica contra treinta y tres partidos, agrupaciones y movimientos que, según los accionantes, no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación exigido por la legislación en las elecciones de 2024. El TSE aplazó el conocimiento de la causa para el 25 de agosto de 2026 y ordenó poner en causa a las organizaciones afectadas, a solicitud de la Junta Central Electoral. La acción fue presentada por Proyecto Visión Nación y José Cristopher Ramírez, quienes sostienen que la permanencia de organizaciones sin el respaldo mínimo previsto por la ley af...
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El nuevo Código Penal ya está en el Tribunal Constitucional: la reforma entra en su segunda etapa

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El nuevo Código Penal dominicano todavía no ha terminado de asentarse y ya se encuentra sometido a una prueba decisiva: la del control de constitucionalidad. La discusión ya no gira solamente en torno a si el país necesitaba sustituir una legislación penal decimonónica —algo difícilmente discutible—, sino en torno a una cuestión más exigente: si las nuevas figuras, restricciones y técnicas de imputación aprobadas por el legislador respetan los límites que la Constitución impone al poder punitivo del Estado. Ese tránsito es importante porque toda gran reforma penal tiene dos momentos. El primero es político y legislativo: el Congreso define qué conductas deben ser castigadas, con qué intensidad y bajo qué categorías. El segundo es constitucional: corresponde verificar que esas decisiones no sacrifiquen desproporcionadamente derechos fundamentales, no introduzcan tipos penales ambiguos y no permitan que el poder sancionador se expanda más allá de lo que admite un Estado social y democrá...
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Entre el amparo y las urnas: tres debates que están redefiniendo la justicia constitucional dominicana

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Hay semanas en las que varias decisiones aparentemente separadas terminan planteando una misma pregunta de fondo: ¿hasta dónde debe llegar el juez cuando la forma procesal, la potestad reglamentaria de un órgano constitucional o incluso la distribución de competencias entre jurisdicciones amenaza con convertirse en un obstáculo para la tutela efectiva de los derechos? Eso es precisamente lo que sugieren algunos de los debates recientes en la justicia constitucional y electoral dominicana. La recalificación de una acción de amparo, el control de los reglamentos de la Junta Central Electoral y la evolución del principio de igualdad parecen asuntos distintos. Sin embargo, vistos conjuntamente, revelan una tensión conocida por quienes litigamos en esta materia: la Constitución reconoce derechos y distribuye competencias, pero son las reglas procesales las que determinan, muchas veces, si esa protección será realmente efectiva.  Cuando el nombre de la acción no debería imponerse al der...
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Neurodiversidad y neuroplasticidad: comprender la mente desde otra perspectiva

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La ciencia del cerebro nos ha mostrado que no existe un único modo de pensar o aprender. Por un lado, la neurodiversidad nos recuerda que condiciones como la dislexia, el TDAH o el autismo no deben verse únicamente como limitaciones, sino como expresiones de la variabilidad humana. Por otro lado, la neuroplasticidad revela que el cerebro, lejos de ser rígido, puede reorganizarse y adaptarse a lo largo de toda la vida. Neurodiversidad: ser diferente también es una fortaleza Las personas neurodivergentes procesan la información de manera particular. Gracias a esta diferencia, algunas destacan en tareas donde otros fracasarían: detectar patrones en grandes volúmenes de datos, encontrar relaciones ocultas o mostrar una creatividad desbordante en el arte o la música. Sin embargo, a pesar de sus talentos, estas personas suelen enfrentar barreras para acceder al empleo, pues los procesos de contratación tradicionales privilegian perfiles “convencionales”. No obstante, cada vez más emp...
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La Igualdad de Género en el Mandato Parlamentario: Un Desafío Pendiente

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La igualdad de género es un principio fundamental que debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el ejercicio del mandato parlamentario. Sin embargo, en el contexto de la República Dominicana, este tema presenta desafíos específicos que requieren atención urgente.   La Indelegabilidad del Voto Parlamentario y sus Implicaciones   La Constitución de la República Dominicana no menciona explícitamente la indelegabilidad del voto parlamentario, pero los reglamentos de ambas cámaras del Congreso Nacional establecen que el voto debe ser "personal, indelegable y presencial" (Congreso Nacional, 2021). Esta norma busca preservar la integridad del proceso legislativo, asegurando que cada representante ejerza su mandato de manera directa y sin intermediarios.   No obstante, es cada vez más evidente la necesidad de revisar esta disposición a la luz de las realidades sociales y de género. Específicamente, las legisladoras enfrentan desafíos particul...
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