Una ficha policial no puede ser eterna: hábeas data, memoria estatal y derechos fundamentales
El caso se originó en una acción de hábeas data interpuesta por una persona que solicitaba a la Policía Nacional modificar el estatus de una ficha policial asociada a una deportación desde los Estados Unidos ocurrida en 2011. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo había rechazado la acción, entendiendo que no se había probado una afectación concreta de derechos fundamentales y destacando, entre otros elementos, que el accionante contaba con una certificación de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de la República.
El Tribunal Constitucional revocó esa decisión. Su razonamiento es relevante porque desplaza el centro de gravedad del análisis. El problema no era únicamente si la ficha estaba siendo divulgada a terceros ni si existía o no un certificado formal de antecedentes penales. La cuestión constitucional era más profunda: determinar si la Policía podía mantener como “activo” un registro que, conforme al artículo 9 del Decreto 122-07, debía pasar al archivo histórico o muerto una vez transcurridos diez años desde su inclusión.
Ese detalle cambia sustancialmente la lectura del caso. Cuando la norma que regula el archivo policial establece un plazo, la administración no puede tratar ese límite como una recomendación. La permanencia indefinida de un dato bajo una categoría activa puede producir efectos jurídicos y prácticos sobre la vida de una persona, aunque el registro no sea de libre acceso al público. En materia de derechos fundamentales, el perjuicio no se agota en la publicación del dato. También puede residir en la forma en que el propio Estado lo clasifica, utiliza y conserva.
Aquí aparece uno de los aportes más interesantes de TC/0840/26. El Tribunal distingue entre la necesidad legítima de que los órganos de investigación mantengan archivos internos para fines de inteligencia o persecución penal y la obligación de respetar los límites temporales, las categorías y las finalidades previstas por el ordenamiento. La sentencia recuerda una línea ya desarrollada en decisiones como TC/0492/20, TC/0063/24, TC/1133/25 y TC/1466/25: la información sensible puede permanecer en archivos reservados cuando exista una finalidad legítima, pero su conservación no autoriza una utilización indiscriminada ni una exposición que lesione la intimidad o el honor.
Esta distinción merece especial atención. En el debate público suele plantearse la cuestión de los registros policiales en términos binarios: o se borran completamente o se conservan para siempre. La jurisprudencia constitucional está construyendo una posición más sofisticada. El Estado puede conservar memoria institucional, pero esa memoria debe estar sujeta a reglas. Puede haber información histórica o reservada, pero eso no equivale a mantener una persona permanentemente marcada por un estatus activo cuando la normativa dispone otra cosa.
Desde la perspectiva procesal, el caso también reivindica la función propia del hábeas data. Esta garantía, reconocida por el artículo 44.2 de la Constitución y desarrollada por la Ley 137-11, permite a toda persona acceder a la información que sobre ella repose en registros públicos o privados y exigir su actualización, rectificación, confidencialidad o supresión cuando corresponda. Su verdadero valor aparece precisamente en situaciones como esta, donde la afectación no necesariamente adopta la forma de un acto administrativo clásico ni de una sanción formal, sino que deriva del modo en que una institución mantiene y administra información personal.
Para la práctica jurídica dominicana, la sentencia ofrece una herramienta importante. Frente a fichas policiales, registros administrativos, bases de datos institucionales o informaciones que permanecen activas más allá del plazo legal, no siempre será necesario demostrar una divulgación pública para activar la tutela constitucional. Lo determinante será identificar si la conservación, clasificación o utilización del dato contradice la normativa aplicable o produce una afectación injustificada de derechos como la intimidad, el honor, la dignidad, la libertad de tránsito o la autodeterminación informativa.
La decisión también obliga a mirar con mayor atención la calidad de la información en poder del Estado. En una sociedad cada vez más digitalizada, los registros administrativos dejan de ser simples archivos pasivos. Se conectan con sistemas de identificación, controles migratorios, seguridad, contratación pública, investigación penal y múltiples procesos automatizados. Un dato mal clasificado puede circular silenciosamente entre instituciones y generar consecuencias que el ciudadano ni siquiera conoce. Por eso, el derecho a controlar la información personal adquiere una dimensión estructural dentro del Estado constitucional.
Hay, además, una cuestión institucional de fondo. La eficacia de los derechos fundamentales no puede depender únicamente de que el ciudadano descubra por casualidad que una información antigua continúa produciendo efectos. Las administraciones públicas deberían contar con mecanismos de actualización automática, depuración periódica y trazabilidad de sus bases de datos. Si la ley dispone que una información cambia de categoría después de cierto tiempo, la administración debería cumplir ese mandato de oficio, sin obligar a cada persona afectada a iniciar un proceso constitucional.
La sentencia TC/0840/26, por tanto, no se limita a resolver el destino de una ficha policial concreta. Plantea una cuestión mucho más amplia: hasta dónde puede llegar la memoria del Estado sobre la vida de las personas. La respuesta constitucional no consiste en imponer amnesia institucional, pero tampoco en aceptar una memoria sin límites. El poder público puede conservar información cuando existe una finalidad legítima, pero debe hacerlo respetando los plazos, la finalidad, la proporcionalidad y los derechos del titular de los datos.
En una época en que las instituciones acumulan cada vez más información personal, esa conclusión adquiere una relevancia que trasciende el expediente. El hábeas data se consolida así como una de las garantías más importantes —y todavía menos utilizadas— para asegurar que la digitalización del Estado no transforme los archivos públicos en condenas permanentes.
Fuentes y enlaces
Tribunal Constitucional, sentencia TC/0840/26, 31 de agosto de 2026: https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc084026/
PDF oficial de la sentencia TC/0840/26: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/72704/tc-0840-26-tc-05-2025-0091.pdf
Portal de sentencias del Tribunal Constitucional: https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/
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