Cuando el conflicto electoral llega al TC: la acción directa también tiene límites
Cinco de los expedientes electorales conocidos —TC-01-2026-0024, TC-01-2026-0029, TC-01-2026-0038, TC-01-2026-0039 y TC-01-2026-0043— cuestionan normas emanadas del Congreso Nacional. Los dos primeros, por ejemplo, atacan la Ley núm. 13-26, que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Nos encontramos aquí en el terreno clásico del control concentrado: ciudadanos y organizaciones cuestionan directamente una disposición legislativa y corresponde al Tribunal Constitucional determinar si el legislador se mantuvo dentro de los límites que impone la Constitución.
Ese conjunto de casos confirma algo que ya resulta difícil ignorar: el diseño del sistema electoral dominicano está atravesando una etapa de intensa constitucionalización. Las reglas sobre representación, organización del proceso electoral y condiciones de competencia política ya no se agotan en la Ley de Régimen Electoral o en la Ley de Partidos. Cada vez con mayor frecuencia terminan siendo examinadas desde principios como igualdad, participación política, seguridad jurídica, razonabilidad y supremacía constitucional.
Sin embargo, el expediente TC-01-2026-0030 introduce un problema distinto. Según el propio registro del Tribunal Constitucional, esta acción fue incoada contra la sentencia TSE/0006/2026 del Tribunal Superior Electoral. La comunicación oficial sobre la audiencia añade que también se cuestionan actuaciones de la Comisión de Justicia Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Esto obliga a formular una pregunta procesal que, aunque pueda parecer técnica, resulta decisiva: ¿puede una sentencia del Tribunal Superior Electoral ser atacada directamente mediante una acción directa de inconstitucionalidad?
La respuesta debe partir del artículo 185.1 de la Constitución. La acción directa existe para controlar leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que puedan resultar contrarios a la Constitución. Su finalidad es fundamentalmente depurar el ordenamiento jurídico de normas incompatibles con la Carta Magna. No fue concebida como un recurso general contra toda decisión de un órgano público ni como una tercera instancia frente a las decisiones jurisdiccionales.
Las sentencias del Tribunal Superior Electoral pertenecen a otra categoría. Cuando se pretende cuestionar una decisión jurisdiccional definitiva por entender que ha vulnerado la Constitución o derechos fundamentales, la arquitectura procesal constitucional prevé mecanismos específicos, entre ellos la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales cuando concurren los presupuestos establecidos por la Constitución y la Ley núm. 137-11. Esta diferencia no es meramente formal. Cada procedimiento constitucional tiene un objeto, unos presupuestos de admisibilidad y unas consecuencias distintas.
Ahí se encuentra una de las cuestiones más interesantes que tendrá que resolver el Tribunal respecto del expediente TC-01-2026-0030. Antes incluso de examinar si la controversia electoral planteada tiene razón constitucional en el fondo, deberá determinar si el instrumento procesal elegido permite realizar ese examen. En justicia constitucional, la existencia de una posible lesión no elimina la necesidad de utilizar la vía adecuada.
La distinción también protege el diseño institucional. El Tribunal Superior Electoral es, conforme a los artículos 214 y 215 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia contencioso-electoral. El Tribunal Constitucional, por su parte, garantiza la supremacía constitucional. Ambas funciones se relacionan, pero no se confunden. Si toda sentencia electoral pudiera convertirse automáticamente en objeto de una acción directa de inconstitucionalidad, se alteraría la naturaleza del control concentrado y se transformaría indirectamente al Tribunal Constitucional en una instancia ordinaria de revisión electoral.
Por eso el debate que se abrió en la audiencia del 26 de agosto es más profundo de lo que aparenta. Las cinco acciones contra normas legislativas obligarán al Tribunal a examinar hasta dónde puede llegar el Congreso al modificar el régimen electoral. El expediente dirigido contra una decisión del TSE, en cambio, puede obligarlo a precisar los límites de su propia jurisdicción constitucional y la relación entre los distintos mecanismos de control.
La justicia constitucional no depende únicamente de que exista un tribunal capaz de declarar una norma contraria a la Constitución. También exige un sistema procesal coherente que distinga entre control de normas, revisión de decisiones jurisdiccionales, amparo y contencioso electoral. Cuando esas fronteras se borran, la tutela de los derechos puede terminar generando inseguridad institucional. Cuando se respetan, cada órgano cumple su función y la Constitución conserva su capacidad de ordenar, no solo de limitar, el ejercicio del poder.
La audiencia celebrada esta semana muestra, en definitiva, dos caras del mismo proceso. Por un lado, el régimen electoral dominicano está siendo sometido a un escrutinio constitucional cada vez más intenso. Por otro, ese mismo escrutinio obliga al Tribunal Constitucional a recordar que la Constitución no solo establece derechos y límites materiales: también distribuye competencias y crea vías procesales diferentes para protegerlos. En materia electoral, saber cuál es la pretensión correcta resulta tan importante como tener razón sobre el fondo.
Fuentes y enlaces
Tribunal Constitucional, “Inclusión, Código Penal y régimen electoral centran audiencia del TC con 23 acciones de inconstitucionalidad”, 26 de agosto de 2026: https://tribunalconstitucional.gob.do/sala-de-prensa/noticias/inclusi%C3%B3n-c%C3%B3digo-penal-y-r%C3%A9gimen-electoral-centran-audiencia-del-tc-con-23-acciones-de-inconstitucionalidad/
Tribunal Constitucional, expediente TC-01-2026-0024: https://tc.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/extractos/acciones-directas-de-inconstitucionalidad/tc-01-2026-0024/
Tribunal Constitucional, expediente TC-01-2026-0029: https://www.tribunalconstitucional.gov.do/consultas/secretar%C3%ADa/extractos/acciones-directas-de-inconstitucionalidad/tc-01-2026-0029/
Tribunal Constitucional, expediente TC-01-2026-0030: https://tribunalconstitucional.gov.do/consultas/secretar%C3%ADa/extractos/acciones-directas-de-inconstitucionalidad/tc-01-2026-0030/
Constitución de la República Dominicana, artículos 185, 214 y 215.
Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
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