Autonomía municipal no es poder punitivo: el TC fija límites a multas, retenciones y arbitrios

La autonomía municipal es una pieza esencial del Estado democrático. Permite que los gobiernos locales ordenen el territorio, administren servicios, regulen el uso del espacio público y respondan con mayor proximidad a las necesidades de sus comunidades. Pero autonomía no significa soberanía, y mucho menos una habilitación abierta para sancionar, cobrar o restringir derechos sin una base legal suficiente. Dos decisiones recientes del Tribunal Constitucional vuelven sobre esa frontera y ofrecen una advertencia que trasciende a los ayuntamientos involucrados. La TC/0785/26, relativa al Ayuntamiento de Moca, y la TC/0748/26, sobre la Junta de Vocales del Distrito Municipal Santiago Oeste, responden a conflictos distintos, pero comparten una misma tesis constitucional: toda potestad pública debe ejercerse dentro de la competencia atribuida por la Constitución y la ley, especialmente cuando la actuación administrativa afecta el patrimonio, la propiedad o impone consecuencias económicas al ciudadano. La primera decisión resulta particularmente ilustrativa porque parte de una situación cotidiana. El Ayuntamiento de Moca había inmovilizado y retenido un vehículo por una infracción de estacionamiento y condicionó su devolución al pago de RD$3,000. La medida descansaba en la Ordenanza núm. 01-2025, mediante la cual el gobierno local había establecido pagos por traslado, retención e inmovilización de vehículos. A primera vista podría parecer una simple cuestión de organización del tránsito. Los municipios tienen responsabilidades evidentes en la gestión del espacio urbano y nadie discute que el estacionamiento indebido puede afectar la circulación, la seguridad y el uso ordenado de las vías. El problema constitucional aparece cuando la Administración pasa de ordenar el espacio público a imponer una consecuencia que, por su naturaleza, funciona materialmente como una sanción. Eso fue precisamente lo que identificó el Tribunal Constitucional. En la TC/0785/26 reconoció que el Ayuntamiento podía ordenar el tránsito dentro de su ámbito competencial, gestionar el espacio público y establecer señalización conforme a la normativa aplicable. Sin embargo, sostuvo que esa potestad no podía transformarse en una competencia sancionadora autónoma para inmovilizar vehículos, retenerlos y exigir sumas económicas como condición para su liberación sin habilitación legal expresa ni procedimiento que garantizara la defensa del afectado. La distinción es decisiva. En derecho administrativo sancionador no basta con que el fin perseguido sea legítimo. La seguridad vial lo es. El orden urbano también. Pero el principio de legalidad exige algo más: competencia, norma previa, procedimiento y garantías. Cuando la Administración restringe derechos o impone consecuencias de naturaleza punitiva, no puede justificar su actuación únicamente alegando el interés general. El propio Tribunal calificó la retención del vehículo y el condicionamiento de su devolución al pago como una vía de hecho administrativa. La autoridad municipal, según la sentencia, terminó actuando simultáneamente como órgano fiscalizador, ejecutor y cobrador de una consecuencia económica para la cual no estaba constitucional ni legalmente habilitada en esos términos. Aquí aparece uno de los aspectos más relevantes para la práctica constitucional. La TC/0785/26 no se limita a resolver una controversia sobre un vehículo. Reafirma que el debido proceso administrativo no es una formalidad reservada a grandes procedimientos sancionadores. También protege al ciudadano frente a actuaciones aparentemente menores cuando la Administración afecta de manera directa el uso, goce o disponibilidad de sus bienes. La sentencia resulta igualmente interesante por la utilización del control difuso de constitucionalidad. La controversia llegó al Tribunal Constitucional mediante revisión de una sentencia de amparo, pero la parte accionante había cuestionado incidentalmente la Ordenanza núm. 01-2025. El Tribunal acogió la excepción y declaró inaplicable la disposición para el caso concreto en cuanto habilitaba la inmovilización, traslado, retención y condicionamiento de la devolución de vehículos al pago de sumas impuestas por la autoridad municipal. Este punto merece especial atención porque muestra de manera práctica la utilidad del artículo 188 de la Constitución. El control difuso no es una construcción teórica reservada a conflictos abstractos. Puede operar dentro de un litigio concreto cuando la norma que sirve de fundamento a la actuación administrativa entra en colisión con la Constitución. La consecuencia no es expulsar la norma con efectos generales, como ocurre en una acción directa de inconstitucionalidad, sino impedir su aplicación al caso particular. La segunda decisión, TC/0748/26, aborda el problema desde otro ángulo. En este caso se trataba de una acción directa de inconstitucionalidad contra una ordenanza de la Junta de Vocales del Distrito Municipal Santiago Oeste que establecía distintos arbitrios, entre ellos un cobro de RD$350 por metro de letrero comercial. El Tribunal terminó declarando inconstitucional la totalidad de la ordenanza por un vicio de competencia. El dato es importante: no se limitó a discutir si el monto era excesivo o si el arbitrio afectaba la libertad de empresa o la propiedad. Antes de llegar a esas cuestiones, verificó que la Junta de Vocales había establecido arbitrios sin la aprobación del Concejo Municipal de Santiago, órgano al que correspondía la competencia constitucional y legal para hacerlo. En términos constitucionales, esta decisión recuerda algo elemental pero frecuentemente olvidado: la competencia no es un requisito secundario del acto administrativo. Es una condición de validez. Cuando un órgano actúa fuera de las atribuciones que el ordenamiento le reconoce, el problema no consiste simplemente en que la decisión sea inconveniente o desproporcionada. Se trata de una actuación jurídicamente viciada desde su origen. El artículo 200 de la Constitución reconoce a los ayuntamientos la posibilidad de establecer arbitrios dentro de los límites expresamente previstos por la ley, siempre que no colidan con impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la propia Constitución y las leyes. Esa potestad, por tanto, existe, pero no es ilimitada ni puede ser ejercida indistintamente por cualquier órgano de la estructura municipal. Leídas conjuntamente, las sentencias TC/0785/26 y TC/0748/26 dibujan una línea jurisprudencial coherente. En Moca, el límite aparece frente al ejercicio material de una potestad sancionadora sin habilitación suficiente. En Santiago Oeste, el límite aparece frente a la creación de cargas económicas por un órgano que carecía de competencia para establecerlas. En ambos casos, la autonomía municipal cede ante un principio superior: toda autoridad pública está sometida a la Constitución y a la ley. Esto tiene consecuencias que van más allá de los dos gobiernos locales involucrados. Muchos municipios utilizan ordenanzas para regular estacionamientos, publicidad, uso de espacios, construcción, comercio y prestación de servicios. Esas regulaciones son necesarias. Pero cuando una ordenanza comienza a imponer cargas económicas, restringir el uso de la propiedad o producir efectos materialmente sancionadores, debe existir una revisión más rigurosa de su fundamento legal y del procedimiento utilizado. Para el litigante, estas decisiones abren varias rutas argumentativas. Frente a una actuación municipal restrictiva puede ser necesario examinar no solo si existe una afectación concreta de derechos, sino también si el órgano tenía competencia, si la medida tiene verdadera naturaleza de tasa o sanción, si existe habilitación legal suficiente y si se respetó el debido proceso administrativo. Dependiendo del caso, el control difuso dentro de un amparo o proceso ordinario puede ser tan relevante como una posterior acción directa de inconstitucionalidad. También conviene distinguir entre autonomía financiera y libertad tributaria. Los gobiernos locales necesitan recursos para cumplir sus funciones, pero la necesidad recaudatoria no autoriza a transformar cualquier cobro en arbitrio ni a crear obligaciones al margen de las reglas constitucionales de competencia y legalidad tributaria. El financiamiento municipal debe desarrollarse dentro del marco constitucional, no fuera de él. La conclusión que dejan estas sentencias es sencilla, aunque de gran alcance: en un Estado constitucional, ninguna autoridad puede ampliar sus propias competencias por vía reglamentaria. Ni siquiera cuando persigue un objetivo legítimo. La Constitución no solo distribuye funciones; también protege al ciudadano frente a la acumulación de poder en una misma autoridad. Por eso importa que quien regula no necesariamente sea quien sanciona, que quien cobra tenga una habilitación jurídica clara y que toda restricción de derechos pueda ser sometida a un procedimiento con garantías. La autonomía municipal fortalece la democracia cuando acerca el poder a la comunidad. Pero ese poder local sigue siendo poder público y, como tal, está sometido a límites. TC/0785/26 y TC/0748/26 recuerdan que la descentralización no significa desconstitucionalización. Fuentes y enlaces Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0785/26, publicada el 17 de agosto de 2026: https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc078526 Texto íntegro de TC/0785/26: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/71841/tc-0785-26-tc-05-2026-0090.pdf Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0748/26, publicada el 11 de agosto de 2026: https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc074826 Texto íntegro de TC/0748/26: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/71369/tc-0748-26-tc-01-2025-0032.pdf Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: https://senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/2/12/20/207/1D4C.htm